El viernes 26 de junio, empresarios, gerentes financieros, contadores y asesores tributarios de grandes y medianas empresas participaron en Quito en el Foro Binacional Empresarial, organizado por Cevallos & Noboa Estudio Jurídico, con el propósito de analizar las implicaciones jurídicas de la extinta Tasa de Seguridad Aduanera y las posibilidades de recuperar los valores pagados por las empresas.

La jornada reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales y contó con la asistencia, como invitados, del presidente de CAMECOL, Freddy Cevallos, y de la directora ejecutiva, Alexandra Mosquera.

Uno de los mayores aportes del encuentro fue la participación de Jorge Hernando Pedraza, expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y exsecretario general de la CAN; Gustavo García Brito, expresidente y magistrado del Tribunal Andino de Justicia, y Oliva Díazgranados, directora ejecutiva de la Cámara Colombo Ecuatoriana, quienes compartieron su experiencia sobre la aplicación del derecho comunitario andino y sus efectos en el comercio entre los países miembros.

Durante el foro, los asistentes formularon numerosas consultas relacionadas con el procedimiento para solicitar la devolución de los valores cancelados por concepto de la tasa. Los expertos coincidieron en que existen fundamentos jurídicos para presentar los respectivos reclamos, al considerar que la medida constituyó un gravamen incompatible con el ordenamiento comunitario andino, que prohíbe la imposición de este tipo de cargas entre los países miembros. En consecuencia, prevalece el principio de primacía del derecho andino y, de prosperar los procesos, correspondería la devolución retroactiva de los valores cobrados.

Los panelistas también señalaron que el mecanismo utilizado para calcular la tasa generó efectos adicionales sobre el IVA, lo que incrementó el impacto económico para las empresas. Además, explicaron que el proceso de recuperación puede extenderse entre uno y cinco años, dependiendo de las particularidades de cada caso, el análisis técnico de la documentación y la estrategia jurídica que se estructure de manera conjunta entre abogados, auditores y directivos de cada compañía.

El encuentro permitió revisar los alcances de la Resolución N.º 2582 de la Comunidad Andina y dejó como mensaje central que este proceso no solo busca la recuperación de recursos para las empresas afectadas, sino también fortalecer el respeto al marco jurídico andino y sentar un precedente que reafirme que ningún Estado miembro puede adoptar medidas contrarias a la normativa comunitaria vigente.